El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la venta de la participación accionaria de la Nación en la empresa Isagén. Así lo determinó la Sección Primera, al considerar que los efectos patrimoniales de la enajenación ameritaban la adopción de la medida cautelar urgente de la que permite disponer el artículo 234 del CPACA. Así, mientras la Sala se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1609 del 2013, que permitía ofertar estos valores en el mercado, la disposición se mantendrá sin efectos legales. Según la providencia, si no se accedía al mecanismo, la sentencia podría tener efectos inocuos, ya que esta sería proferida cuando el proceso de venta se hubiere consumado (C. P. María Claudia Rojas).