Casi dos años después de ser aprobada por el Congreso de la República y de su posterior revisión por parte de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los artículos 40 al 49 del proyecto, el Gobierno sancionó la Ley 1621 del 2013, por medio del cual expide normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal. La norma, compuesta por 46 artículos, extiende la reserva legal de la información de inteligencia y contrainteligencia de 25 a 30 años. Así mismo, faculta al Presidente de la República para extender la reserva por 15 años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave contra la seguridad nacional. De igual manera, se autorizó al Ejecutivo para establecer niveles de clasificación de la información y diseñar un sistema de acceso a la misma por parte de los servidores públicos. Por último, vale la pena mencionar que dentro de los artículos excluidos de la norma por el alto tribunal estaban unas modificaciones al Código Penal para aumentar las penas por revelación de secretos, utilización de asuntos sometidos a reserva y acceso abusivo a sistemas informáticos.