La Corte Constitucional declaró inexequible el régimen especial de pensiones para congresistas y magistrados, consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. Esta determinación establece un tope máximo de 25 salarios mínimos para el pago de las mesadas, incluso para este tipo de funcionarios, lo que equivale en la actualidad a $ 14.737.500. La Sala Plena aún tiene pendiente por establecer si la aplicación de su decisión tendrá efectos retroactivos, con lo cual se afectarían los derechos adquiridos por algunos exparlamentarios y exintegrantes de las altas cortes. Los cuatro magistrados titulares y los tres conjueces restantes que ayer llegaron a esta conclusión continuarán el debate este martes, para fijar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Cabe recordar que fue la reforma impulsada en el Acto Legislativo 1º del 2005 la que impuso esta restricción en materia pensional (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).