La Corte Suprema de Justicia estableció que los incidentes de levantamiento de medidas cautelares de bienes dispuestos para la reparación a víctimas del paramilitarismo deben tramitarse ante el despacho que conozca del proceso del desmovilizado a quien se le atribuya el dominio de las respectivas propiedades. Esto a pesar de que tales medidas cautelares hayan sido ordenadas por un despacho judicial distinto. Con estos argumentos, la Sala Penal determinó que el recurso que se interpuso frente a los bienes denunciados por la Fiscalía como de propiedad de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, debe ser resuelto por el magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a cargo de la actuación principal en su contra, a pesar de que las medidas fueron ordenadas por un operador del Tribunal Superior de Medellín (M. P. Eugenio Fernández Carlier).