La Corte Constitucional determinó que la introducción de un sistema de gestión de calidad en las entidades del Estado se acoge a principios superiores de igualdad, eficacia, celeridad, imparcialidad y moralidad en la función pública, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 209 de la Carta Política de 1991. A su juicio, esto está íntimamente ligado a los controles interno y fiscal, por cuanto impulsa la prestación eficiente del servicio y permite el control del ordenamiento jurídico, en aras de lograr el bienestar del usuario y de la comunidad. La Procuraduría había solicitado a la Corte declararse inhibida (M. P. Luis Ernesto Vargas).