El Consejo de Estado confirmó la sanción por desacato impuesta por el Tribunal Administrativo de La Guajira a la gobernadora encargada de ese departamento, Diala Patricia Wilches Cortina, por no garantizar agua potable e incumplir fallos para proteger a la comunidad Wayuú y a Ediñho de Jesús Vides Guerra, en calidad de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia, porque no intervinieron en el trámite incidental con el propósito de exponer los avances o gestiones que hubieren podido adelantar en todo este tiempo en que ha continuado el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira (declarado inexequible) y cuyo deber era presentar al juez mediante informes.

La alta corte revocó la sanción impuesta a:

- Bonifacio Henríquez Palmar como alcalde de Uribia.

- Andreina Susana García Pinto como gerente de la Empresa de servicios públicos de La Guajira (Esepgua ESP).

- Cielo Rusinque, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

- Diego Enrique Vargas Vega, subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

- Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- Jorge Iván González, Director del Departamento Nacional de Planeación.

Lo anterior al encontrar que habían realizado gestiones significativas en pro del cumplimiento de las ordenes generadas por la Corte Constitucional; sin embargo, no fueron suficiente para cumplir a cabalidad con la Sentencia T-415/18, dado que no se ha logrado el cometido que se persigue y que es la posibilidad para que los habitantes de las comunidades que integran el pueblo Wayuú (i) tengan acceso al agua potable y (ii) que exista una política de alimentación y salubridad, lo que exige un compromiso mayor por parte de todos los actores involucrados en el proceso.

Por otro lado, la Sala exhortó a los miembros y líderes de la comunidad Wayuú para que presten toda su colaboración a las entidades nacionales y territoriales y faciliten un diálogo genuino, las consultas previas a que haya lugar, el avance de las políticas que se vienen tratando de adelantar, a fin de permitir que Estado haga presencia en el territorio y pueda generar soluciones reales para los niños y niñas, y en general para toda la población Wayuú.

La Sala aclaró que no desconoce que estas comunidades cuentan con unas creencias arraigadas propias de su cultura y de sus ancestros, sin embargo, en aras de que exista una armonía entre las culturas y las entidades del Estado, los invitó para que en lo sucesivo presten la debida colaboración y permitan que puedan materializarse las órdenes que se han venido impartiendo y por cuyo cumplimiento se pretende, pues no puede quedar de manera indefinida el cumplimiento de las mismas, los líderes y la comunidad como actores principales deben ser conscientes de las mejores políticas que puedan entrar a su territorio y de esta manera dar solución definitiva a la situación (C. P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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