En providencia dada a conocer recientemente (Sentencia T-557/12), la Corte Constitucional le dio un plazo a las autoridades nacionales y locales para diseñar una estrategia que permita garantizar el derecho fundamental a la educación indígena a ocho comunidades aborígenes de San Jose del Guaviare (Guaviare). Así, exhortó al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Guaviare y al municipio para que se comprometan en esta tarea, que afecta los intereses de los pueblos Tukano, Guayabero, Sikuany, Tuyuca, Cubeo, Puinabe, Curripaco y Piratapuy. Frente al caso concreto, la corporación negó el amparo, por improcedente; allí se discutía la supuesta violación de garantías fundamentales de un docente, quien alegaba el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de concertación de políticas y acciones educativas indígenas del departamento en agosto del 2005 (M. P. Adriana María Guillén).