La Corte Constitucional declaró exequible la norma que prohíbe el gravamen impositivo, de tasas o contribuciones sobre el registro notarial, salvo que se trate del impuesto de registro autorizado por la Ley 223 de 1995 (parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 del 2012). La Procuraduría consideraba que la corporación debía haberse declarado inhibida de examinar esta demanda, no obstante que también consideraba que el texto era constitucional.