Aunque la Corte Suprema de Justicia desestimó que el general (r) Jaime Humberto Uscátegui se hubiera aliado con paramilitares para cometer la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en julio de 1997, ratificó su condena a 37 años de cárcel. Para la Sala Penal, la responsabilidad se deriva de su omisión en el cumplimiento de deberes, que lo obligaban a hacer lo necesario para defender la vida de los pobladores, debido a su posición de garante institucional. Pese a ello, no lo hizo. Así, desvirtuó que fuera coautor de las conductas, pero lo declaró culpable como autor por omisión impropia de homicidios agravados y secuestros simples que se perpetraron entre el 15 y el 20 de julio de ese año. Cuatro de los nueve magistrados salvaron el voto, por considerar que era necesario aplicar el atenuante contenido en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, que permite rebajar la pena a la mitad si existe un error vencible en la licitud de la condena; a su juicio, el hecho de que se haya demostrado que el general (r) no fue coautor de la masacre daba lugar a que no fuere sancionado con la misma severidad aplicada a los militares que sí se aliaron con paramilitares para la comisión de los hechos.