La adhesión de Colombia al Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), adoptado mediante la Ley 1665 del 2013, fue declarada exequible. Se trata de un instrumento internacional que incentiva el uso de políticas públicas para garantizar el acceso de todas las sociedades a este tipo de generación. La Procuraduría había solicitado la declaratoria de constitucionalidad, al considerar que la herramienta cumple con fines constitucionales como la protección a la vida, el reconocimiento de principios internacionales adoptados por Colombia, la protección del ecosistema a nivel interno y la promoción de su cuidado en otras latitudes, contenidas en los artículos 2º, 8º y 9º de la Constitución.