El procurador Alejandro Ordóñez dijo que con la zona de despeje definida en los departamentos de Caquetá y Meta durante el Gobierno Pastrana el Estado renunció a la más elemental de sus funciones: proteger la vida, honra y bienes de los asociados. El jefe del Ministerio Público respaldó así la decisión del Consejo de Estado de condenar en abstracto a la Nación por los actos delictivos cometidos por las FARC durante este periodo, al recalcar que se trata de la más previsible respuesta, ante una omisión de estas proporciones. Finalmente, dijo que la institucionalidad no puede olvidar que su misión es proteger y defender a la víctima y no a los victimarios.