Para el momento de finalización del embarazo, la sociedad y el Estado deben velar por la salud de la madre y de aquel que está por nacer mediante la prestación de un servicio médico adecuado que procure la conservación de la integridad física de ambos, señaló el Consejo de Estado en providencia que aprobó un acuerdo conciliatorio celebrado dentro de un proceso de reparación directa. La Sección Tercera dijo que era necesario precisar que el artículo 11 de la Constitución consagra la vida como un derecho fundamental inviolable cuyo amparo cobija al nasciturus, tal y como lo establece el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el fallo, el alto tribunal destacó el papel que desempeña la mujer como madre y exalta que es “una promotora y gestora de vida, permitiendo la perpetuidad de la especie humana, cuestión más que suficiente, unida a la dignidad que le debe ser reconocida y respetada como persona, para que en el momento del alumbramiento se le deba brindar el mejor trato que amerita tan magno evento” (C. P. Mauricio Fajardo).