Así lo advirtió el Consejo de Estado, que también precisó que las empleadas que quieran hacer efectiva esa protección deben manifestar y probar su condición ante la entidad que se encuentre enfrentando ese trámite de reforma. Ello porque el artículo 12 de la Ley 790 del 2003 se refiere a la imposibilidad de remoción de este y otro tipo de funcionarios en estado vulnerable en desarrollo del programa de renovación de la administración pública. En el caso concreto, la entidad empleadora no estaba sometida al citado proceso modificatorio y la actora no había declarado su condición de madre cabeza de hogar (C. P. Sandra Lisset Ibarra).