Para hacer exigible el derecho a la pensión, dos años de prestación de servicio en la función pública se pueden homologar con la publicación de un texto de enseñanza, advirtió el Consejo de Estado. Ello porque el artículo 13 de la Ley 50 de 1986 así lo permite, cuando se trate de un producto que no haya sido financiado por el tesoro público y sea aprobado por institutores o profesores. Con estos argumentos, la Sección Cuarta se opuso a la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de pensión de una funcionaria de ese mismo alto tribunal, por considerar que su obra titulada Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial no era un texto de enseñanza. Finalmente, le ordenó a la sección proferir un nuevo fallo, en el cual ratifique la decisión de primera instancia, que había concedido el derecho, con base en la aplicación del régimen pensional para congresistas y magistrados de altas cortes (C. P. Martha Teresa Briceño).