Ayer, la Corte Constitucional decidió sobre la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1905 del 2018, sobre el examen para poder ejercer como abogado, en el cual se estableció que los graduandos deben acreditar un examen de Estado realizado por el Consejo Superior de la Judicatura, directamente o a través de una Institución de educación superior. El alto tribunal consideró que la posibilidad de que la prueba la realicen instituciones educativas es inexequible. De esta manera, asintió con lo pretendido en la demanda respecto de la trasgresión del derecho fundamental a la autonomía universitaria.