El procurador Alejandro Ordóñez insistió en desestimar el carácter vinculante de las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. El jefe del Ministerio Público sostuvo que en los casos en los cuales este tipo de determinaciones han sido acatadas por los Estados parte se han puesto en juego garantías fundamentales, como el derecho a la vida; en el caso de Petro, precisó, se alega la vulneración de derechos políticos, lo que a su juicio marca la “inconducencia de la medida cautelar”. Por otra parte, aclaró que aunque el organismo a su cargo reconoce la viabilidad constitucional de los aportes indicativos para las regiones, en cabeza de los congresistas, ello no implica que le dé el visto bueno al uso abusivo de estos dineros. Finalmente, se refirió al brote de ataques con ácido que se vive en Bogotá y otras ciudades y afirmó que se trata de tentativas de homicidio con tortura, que deberían valerle al agresor una pena de hasta 25 años de cárcel.