Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo puede ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que esté registrada en el Registro Nacional de Avaluadores que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Así lo establece el Decreto 734 del 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación Pública.