El Gobierno presentó la política nacional para la reincorporación social y económica que garantizará a largo plazo el acceso de los exintegrantes de las Farc y sus familias a los derechos que tienen como ciudadanos y a los beneficios que les corresponden por haberse acogido al proceso para finalizar el conflicto armado. En el documento se definen responsabilidades a 19 entidades del Estado en 97 acciones, que deberán cumplirse en los próximos ocho años. De igual manera, detalla recursos de los presupuestos de cada entidad para ser implementados. Este documento fue adoptado mediante el Conpes 3931 del 2018, lo que permite trazar una hoja de ruta para el mediano y largo plazo, hacia la consolidación de una política de Estado que permita la plena reincorporación de los exintegrantes del extinto grupo guerrillero y la articulación de las acciones y los recursos para su implementación.