Ante la Sala de Consulta y Servicio Civil fue radicado el documento mediante el cual el Gobierno solicita verificar si es legítimo levantar la reserva que pesa sobre las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores relacionadas con la discusión sobre la demanda que derivó en la redefinición del mar territorial colombiano cercano a San Andrés. El Ejecutivo busca ampararse en un examen jurídico constitucional y legal que le permita determinar si somete a discusión o no el contenido de los debates, para establecer la carga de responsabilidades en la defensa que asumió el Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su litigio con Nicaragua.