Teniendo en cuenta que el proceso de reorganización empresarial regulado por la Ley 1116 del 2006 busca que se preserven las empresas viables y que puedan seguir desarrollando actividades que correspondan al giro ordinario de sus negocios, nada impide que las mismas puedan seguir celebrando contratos con entidades públicas o privadas, en desarrollo de su objeto social, precisó la Superintendencia de Sociedades. El artículo 16 de la norma califica como ineficaz, sin necesidad de declaración judicial, toda estipulación que impida o dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en igualdad de condiciones.