La Corte Constitucional devolvió al Congreso el proyecto de ley que busca regular los servicios médicos para garantizar cuidados paliativos a enfermos terminales o que padezcan enfermedades degenerativas (P. L. 138/10S-290/10C). La Sala Plena encontró que, durante el trámite, el Legislativo desconoció parte del contenido del artículo 160 de la Constitución, que lo obliga a citar expresamente la fecha en la que se efectuará la votación. Para la corporación, se rompió la cadena de anuncios el 5 de septiembre del 2012, cuando la Cámara omitió precisar que seis días después sería la jornada definitiva en la que se votaría el informe de objeciones a la iniciativa. El Presidente de la República había formulado reparos de constitucionalidad a la disposición, por considerar que afectaba derechos fundamentales a la vida y a la dignidad y, por tanto, debía haber sido tramitada como un proyecto de ley estatutaria, objeciones que no fueron aceptadas por el Congreso. La Procuraduría compartía la percepción del Gobierno y había solicitado a la Corte declarar inexequible la iniciativa.