Sin la correspondiente sanción presidencial, el Gobierno devolvió por razones de inconveniencia el proyecto de ley que pretende obligar a brindar información transparente a los consumidores financieros. Para empezar, el Ejecutivo explica que objetó parcialmente por inconveniencia el artículo 2°, el cual establece la obligación de entregar a los afiliados del Sistema General de Pensiones determinada información sobre las condiciones de sus cotizaciones, deducciones y otra información dependiendo de si el afiliado pertenece al régimen de ahorro individual o de prima media. La iniciativa exige a Colpensiones la entrega trimestral de determinada información, entre la que está el número de semanas que faltan por cotizar para acceder al derecho a la pensión. Lo anterior no solo depende de la implementación de desarrollos tecnológicos, sino de actualizaciones de historias laborales sobre las cuales la administradora de pensiones no tiene aún un control absoluto sino parcial, como en el caso de los servidores públicos, advierte el Gobierno. Igualmente, agrega que las dificultades mencionadas se suman a la situación que atraviesa la administradora de pensiones luego de la recepción de los afiliados del ISS, en liquidación. Así las cosas, considera que imponer dicha obligación implicaría destinar recursos físicos y humanos adicionales. Lo cual, a juicio del Ejecutivo, sería inapropiado, pues afectaría el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.