Con 18 votos a favor y 3 en contra (Stella Conto, Carmen Teresa Ortiz y Gustavo Gómez), el Consejo de Estado acogió la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, quien consideraba que los legisladores no incurrieron en conflicto de intereses. El demandante, Saúl Villar, había sustentado sus pretensiones en el hecho de que los parlamentarios no se hubieran declarado impedidos para participar del debate, pese a la apertura de indagaciones penales, disciplinarias y demandas de pérdida de investidura sobre algunos de ellos al momento de la discusión de la fallida reforma constitucional. Para el accionante, el hecho de que la reforma planteara un cambio de competencias en su propio juzgamiento, como aforados constitucionales, dejaba claro el interés directo que tenían en la modificación de normas constitucionales en ese momento.