Con una votación de ocho a uno, la Corte Constitucional derrotó la ponencia mediante la cual el magistrado Jorge Ignacio Pretelt pretendía que se ampliara el derecho a la objeción de conciencia a las personas jurídicas. La Sala Plena consideró que, debido a que el caso concreto involucraba exclusivamente las garantías de personas naturales, no se trataba del escenario propicio para establecer nuevas reglas en torno a la concepción de esta garantía fundamental. Así las cosas, pese a que, de momento, siguen siendo únicamente las personas naturales las acreedoras de esta protección, la discusión planteada en la ponencia no finalizó. En consecuencia, se presentará un nuevo proyecto de decisión en la que la magistrada Martha Sáchica debe definir si ampara o no los derechos de dos jóvenes que aspiran a que se les reconozca la objeción de conciencia como factor exonerativo de la prestación del servicio militar obligatorio.