La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del inciso final del artículo 116 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 del 2019). Lo anterior, bajo el argumento que este precepto legal vulnera el principio de justicia y equidad, legalidad tributaria y el de unidad de materia consagrados en los artículos 95 numeral 9, 158 y 338 de la Constitución Política. La disposición indicada modificó el artículo 19 de la Ley 1882 del 2018 y regula la evaluación de los proyectos de asociación público privada de iniciativa privada. Según los accionante, la expresión atacada no obedece a ningún fin constitucional legítimo, pues los antecedentes del proyecto de ley y la discusión que se dio en el Congreso no indican “que se haya justificado el porqué de la imposición en desmedro del patrimonio del originador y la fundamentación constitucional que dicha medida pudiera tener”. Adicionalmente, precisaron que este inciso no determina un esquema que contenga un sistema y método que permita definir la naturaleza, finalidad o utilidad de esos dineros que quedan a cargo del tesoro nacional, sin tener característica de contribución, tasa o impuesto, imponiendo cargas adicionales injustificadas (Demandantes: Andrés Felipe Acosta López y otros).