La Corte Constitucional explicó que la demanda a la norma del Estatuto Anticorrupción (artículo 128 parcial de la Ley 1474 del 2011) que abre nuevas plazas en la modalidad de libre nombramiento y remoción para la Contraloría General de la República carecía de requisitos argumentativos, lo que llevó a ese alto tribunal a inhibirse de examinarla de fondo. Para la Sala Plena, el actor se dedicó a cuestionar la creación de este tipo de empleos en una entidad en la que debe existir la carrera administrativa, sin sustentar suficientemente por qué, a su juicio, se vulneró el principio de unidad de materia y se produjo el desconocimiento del principio de reserva de la iniciativa legislativa. El magistrado Mauricio González aclaró el voto porque, si bien está de acuerdo con la decisión inhibitoria, considera que el cargo de unidad de materia constituye un vicio material y no un desconocimiento sustantivo constitucional (M. P. Jorge Iván Palacio)