El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por afectar la salubridad pública de los habitantes del Distrito Capital. Según la petición, la situación que vive la ciudad podría calificarse como una falta gravísima, según el numeral 38, artículo 48, de la Ley 734 del 2002, lo que daría lugar a destitución e inhabilidad de 10 a 20 años para el ejercicio de funciones públicas.