El jefe de la entidad, Jorge Armando Otálora, se reunió este lunes con la presidenta (e) de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, a fin de solicitarle que se haga una convocatoria en la que las distintas autoridades estatales puedan pronunciarse en torno a sus responsabilidades en la materia. Cabe recordar cómo en la Sentencia T-388 del 2013, que fue dada a conocer el 24 de marzo pasado, la máxima instancia constitucional advirtió que los jueces de amparo podrían empezar a ordenar el cierre de los penales que no superen los problemas de hacinamiento, pese a las órdenes allí impartidas para acelerar la definición de la situación de reclusos detenidos preventivamente. El propósito del fallo es prevenir que la lentitud en el desarrollo de las actuaciones penales pueda convertirse en un factor que incremente los problemas de hacinamiento carcelario que vive el país y procurar que las medidas legislativas que promuevan la no privación de la libertad de infractores menores puedan generar los alivios esperados.