La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, insistió en que algunas de las disposiciones previstas en el proyecto de ley que pretende regular el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia contiene disposiciones altamente inconvenientes para la apertura y preservación de las reglas de juego respecto de la inversión extranjera en nuestro país y viola derechos  adquiridos de algunas empresas que actualmente concurren al mercado colombiano. La funcionaria se refirió a la alta inconveniencia de lo dispuesto en el artículo 4º de la iniciativa, que insiste en cerrarle las puertas a la inversión de capitales extranjeros para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad humana, así como de capacitación y entrenamiento. Adicionalmente, la ministra llamó la atención respecto del contenido del parágrafo del artículo 11, según el cual una vez se venzan las licencias o autorizaciones a empresas con inversión extranjera que vienen operando en el país y prestando servicios de vigilancia, seguridad humana, capacitación y entrenamiento, la Superintendencia de Vigilancia no podría renovar las licencias, lo que, a juicio de la cartera, constituye una violación injustificada a sus derechos como inversionistas y a su derecho de concurrir a los mercados nacionales. También indicó que contiene disposiciones que implican un retroceso en la política pública de protección la libre competencia económica, y criticó lo dispuesto en el artículo 85, que pretenden limitarle funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio en su función de autoridad única de protección de la libre competencia.