El Decreto Legislativo 811 del 2020, que establecía medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En tal sentido argumentó que esta norma es contraria al numeral 9 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto el Gobierno no puede asumir las funciones deliberativas del Congreso cuando se trata de las autorizaciones establecidas en ese mandato constitucional, es decir, no puede modificar o ampliar las autorizaciones legales proferidas por el legislador ordinario mediante un decreto legislativo expedido bajo un Estado de excepción. Igualmente, enfatizó que las leyes de autorizaciones para enajenar bienes nacionales solo son válidas constitucionalmente cuando el Congreso ha debatido, aunque fuera de manera general, sobre su conveniencia, necesidad o pertinencia. En virtud de ello, indicó que al autohabilitarse y regular operaciones de enajenación de estos bienes con la exclusión absoluta del Congreso y la omisión de las normas generales sobre esa materia se evidencia que el Gobierno excedió el marco de actuación que limita las precisas competencias y facultades del poder Ejecutivo (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).