La Corte Constitucional declaró inexequible el poder de veto con el que contaba el Gobierno frente a la ejecución de ciertos proyectos que son financiados con los recursos derivados del sistema general de regalías (artículo 31 parcial de la Ley 1606 del 2012). Para el alto tribunal, esa atribución desconoce el principio de autonomía territorial del que gozan las regiones para desarrollar iniciativas en materia de ciencia, tecnología e innovación, que son propias de esa fuente de recursos. Con esta decisión, la viabilidad de la ejecución de las iniciativas que en la materia presenten las entidades territoriales ya no necesitará del voto positivo del Ejecutivo. Por las mismas razones mencionadas, la Procuraduría había solicitado declarar inconstitucional esta norma.