La Corte Constitucional retiró del ordenamiento la norma que establecía que el presupuesto de gastos que haría parte de las rentas y capital disponibles para el presupuesto del año anterior se componía de gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda y gastos de inversión, al tiempo que establecía qué entidades estarían sujetas a su aplicabilidad (artículo 82 de la Ley 1687 del 2013). La Sala Plena consideró que se violó el principio de reserva de ley, ya que mediante la legislación de aprobación del presupuesto se introdujo un asunto exclusivo del legislador orgánico, como era lo relativo a la definición de las apropiaciones que se tendrían en cuenta para financiar inversiones, gastos y otras necesidades presupuestales. Frente al artículo 81, que definía a qué correspondían las contribuciones parafiscales, la corporación ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-052 del 2015, que declaró inexequible la norma.