Ayer miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional informó la inexequibilidad del artículo 232 del Decreto-Ley 019 del 2012, en el que se prohibía a las entidades públicas patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones que deben cumplir, así como contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo. Para el demandante, con dicho artículo el Presidente de la República desbordaba las facultades extraordinarias dadas por el Congreso para suprimir trámites innecesarios de la administración pública. De acuerdo a lo anterior, la Corte resolvió que la normativa acusada no guardaba relación con la política antitrámites. Vale la pena mencionar que la ponencia de esta decisión estuvo a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero.