La Corte Constitucional declaró inexequible la norma por medio de la cual se creó una comisión legislativa que vigilaría la forma como el Presidente de la República reformó la estructura interna de la Defensoría del Pueblo (artículo 2° de la Ley 1642 del 2013). La norma, que para la Sala Plena era indeterminada, establecía que dos representantes y dos senadores de las comisiones primeras del Congreso adelantarían la labor de seguimiento a la delegación de funciones de las que hizo uso el jefe del Estado para adelantar esta modificación. La Procuraduría había solicitado declarar constitucional esta disposición.