La Corte Constitucional declaró ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que somete a los beneficiarios del principio de oportunidad a participar en programas para superar la dependencia de las drogas y las bebidas alcohólicas, así como a tratamientos sicológicos (literales b) y d) del artículo 326 de la Ley 906 del 2004 (modificado por el artículo 4º de la Ley 1312 del 2009)). La Procuraduría también era partidaria de declarar constitucionales los apartes demandados, al prever que no era obligatorio que quienes fueran objeto de estas concesiones en materia penal se acogieran a esas herramientas y por considerar que, en todo caso, estas no eran violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad.