La Corte Constitucional determinó que la entrevista forense como instrumento para recopilar la declaración de menores de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales no desconoce el derecho de defensa, ni el ejercicio de contradicción. Bajo esta argumentación, la corporación declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 1º, 2º y 30 de la Ley 1652 del 2013. A juicio del alto tribunal, la norma tampoco restringe derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Indicó que debe primar el principio pro infans cuando los derechos del niño se enfrenten a los de un adulto, y precisó que en la ponderación frente a estos eventos debe tenerse en cuenta que los menores víctimas de delitos sexuales no pueden recibir el mismo trato que los mayores.