La Corte declaró como ajustada a la Constitución la norma que impone hasta tres años de cárcel al padre que afecte el derecho a la custodia que se ejerza sobre el menor (artículo 7º de la Ley 890 del 2004). Esto cuando uno de los progenitores tenga el derecho de visita y, en uso de él, abuse de su goce, al punto de lesionar las garantías concedidas a quien tiene la custodia del pequeño. Sin embargo, la Sala hizo una salvedad, encaminada a que la medida punitiva sea utilizada como último recurso, en aras de proteger el interés superior del menor. La Procuraduría había coincidido con la declaratoria de constitucionalidad.