La Corte Constitucional respaldó la norma que agrava las penas para los integrantes de la fuerza pública u organismos de seguridad del Estado que incurran en concierto para delinquir. La Sala Plena declaró exequible el artículo 342 del Código Penal (Ley 599 del 2000), que indica que para este tipo de infractores la pena aumentará desde la tercera parte hasta la mitad de la condena a imponer. Según los magistrados, la disposición no es injusta ni discriminatoria y se justifica por ser precisamente en agentes estatales en quienes mayor responsabilidad recae el cumplimiento de la ley, debido a que son ellos los encargados de garantizar la seguridad pública. La Procuraduría había solicitado declarar constitucional la disposición (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).