La Corte Constitucional declaró exequibles los avales de Colombia a la modificación de la participación de los Estados miembros del Banco Centroamericano de Integración Económica (resoluciones AG-14 del 2005, AG-13 del 2006, AG-10 del 2007 y AG-7 del 2009, aprobadas mediante la Ley 1585 del 2012). Para el alto tribunal, los cambios al capital incorporado, a las condiciones de las reservas, entre otras características, favorecen la posición del país dentro del convenio, ya que le permiten contar con un buen margen de financiación. La Procuraduría había solicitado declarar inconstitucional esta disposición, por considerar que las transformaciones iban en detrimento de los intereses del Estado (M. P. Luis Ernesto Vargas).