La Corte Constitucional declaró como ajustado a la Carta Política de 1991 el proyecto legislativo que pretende regular la práctica de paliativos médicos a enfermos en fase terminal o con padecimientos degenerativos (P. L. 38/10S-290/11C). La Sala Plena no compartió las objeciones presidenciales, que apuntaban que la iniciativa era inconstitucional, por no haber sido tramitada por el legislador estatutario, pues se trataba de regular derechos fundamentales a la vida y la salud. Para la máxima instancia constitucional, la disposición no daba lugar a la regulación plena de derecho fundamental alguno, de ahí que no requiriera dicho trámite especial. El presidente del alto tribunal, Luis Ernesto Vargas, resaltó que la legislación no contemplaba la eutanasia, sino que pretende mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades terminales o degenerativas. Cabe recordar que el proyecto ya había sido estudiado por la Corte en el 2013, cuando lo devolvió al Congreso por vicios de trámite.