La Corte Constitucional declaró exequible la norma que exonera al ciudadano del deber de denunciar las conductas punibles cuando sean cometidas por él mismo, su cónyuge, su compañero o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad civil. La Sala Plena coincidió parcialmente con la postura de la Procuraduría, que aunque le dio visto bueno a la aplicación de la norma, era partidaria de la declaratoria de inhibición.