La Corte Constitucional declaró exequible la norma que regula la cesación del procedimiento de responsabilidad fiscal, inscrita en el Estatuto Anticorrupción (artículo 11, parcial, de la Ley 1474 del 2011). La disposición establece que la culminación de la actuación está supeditada a la devolución de los montos a partir de los cuales se calcule el presunto detrimento patrimonial de las arcas estatales, mientras que la acción presentada contra la norma buscaba retirar del ordenamiento el aparte que mantiene abierta la posibilidad de que el imputado se acoja al principio de oportunidad. La Procuraduría pretendía que se decretara la inhibición absoluta frente a la demanda, por considerar insuficientes las argumentaciones del demandante respecto a la supuesta omisión legislativa relativa.