La Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de ley estatutaria que buscaba la eliminación del voto popular como mecanismo de elección de los integrantes del Parlamento Andino (Ley 1152 del 2007 (P. L. 141/13S–146/13C). La Sala Plena acogió la ponencia presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien consideraba que la iniciativa no ponía en riesgo el derecho a elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 25 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su criterio, el legislador actuó dentro del marco de sus competencias, al remplazar este método de elección y encargar al Senado para designar a dos de sus miembros y a la Cámara para nombrar tres representantes.