Esto aseguró la contralora Sandra Morelli durante su intervención en la audiencia convocada por la Corte Constitucional previa al examen al proyecto de ley estatutaria de reforma al sector (P. L. 209/13S-267/13C). Una de sus preocupaciones, dice, radica en que las obligaciones del Estado para la adquisición de recursos es progresiva y está atada a la formulación de nuevos instrumentos legales; ahí no hay solución definitiva, sostuvo. Aunado a ello, precisó que no hay certeza de que el nuevo método de recaudo permita acopiar los recursos suficientes para costear los servicios del modelo que se pretende poner en operación y tampoco si se contará con lo necesario para cubrir la deuda que se mantiene con las entidades que ejecutan el sistema todavía vigente. Adicionalmente, subrayó que aun cuando estos particulares adquieran el papel de gestores de salud y su rol se limite a administrar recursos, también tienen la capacidad de manejar dineros del erario, que es una de las falencias del sistema que se aspira a derogar.