La Corte Constitucional declaró exequible el régimen de responsabilidad de interventores, consultores y asesores frente a la intervención que ejerzan en contratos estatales, contenida en el Estatuto Anticorrupción (artículos 82 y 119 parciales de la Ley 1474 del 2011). La acción pretendía que se retirara del ordenamiento la posibilidad de juzgar fiscalmente a estos actores de la actividad contractual del Estado. Para la Procuraduría, al pedir la inhibición al alto tribunal, la norma no supone que los afectados con estas disposiciones terminarán siendo juzgados por incumplimientos de terceros.