La Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa contra 27 senadores que fueron recusados porque, aparentemente, omitieron su deber de declararse impedidos en la sesión plenaria en la que Alejandro Ordóñez fue reelegido para el cargo de Procurador General de la Nación. A juicio del denunciante, los parlamentarios debían apartarse del debate debido a que el organismo de control disciplinario, aparentemente, adelantaba actuaciones en su contra para la fecha en que se adelantó la votación. Para sustentar sus afirmaciones, el denunciante allegó copia de los recursos presentados ante la Presidencia del Congreso el día anterior a la sesión, en tanto que la Sala Penal le solicitó al Ministerio Público informar qué procesos ha adelantado o adelanta en contra de estos parlamentarios.