La Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad de la norma que precisa los términos de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal contemplados en el artículo 86 de la Ley 599 del 2000, la misma que rige procesos como el de la parapolítica (artículos 83 y 86 de la Ley 599 del 2000). El alto tribunal concluyó que en la acción se pretende equiparar las reglas sobre prescripción de la acción penal con las reglas sobre prescripción, cuando esta se ha interrumpido en el proceso, por cuanto no resulta válido afirmar que en uno como en otro escenario el plazo máximo es de tres años. Para la Sala Plena los cargos carecían de certeza (M. P. Mauricio González).