La Corte Constitucional ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037 de 1996, la cual declaró inexequible que el remplazo permanente del Fiscal General de la Nación cubra solo el periodo que le quedaba al funcionario saliente. Con estos argumentos, ratificó la inconstitucionalidad de la expresión “institucional” del artículo 9º de la Ley 938 del 2004, que define el carácter de la ocupación de este alto cargo. La Procuraduría también había coincidido con esta postura, al considerar que ya se había resuelto el asunto.