La Corte Constitucional concluyó que eliminar sanciones por el pago anticipado de créditos únicamente a quienes hayan adquirido deudas después de la entrada en vigencia de la Ley 1328 del 2009 supone un trato desigual para los usuarios financieros con créditos anteriores. Ello llevó al alto tribunal a condicionar la exequibilidad del literal g) del artículo 5º de la norma, para que estos deudores también estén exentos de la que denomina fidelización forzosa. El magistrado Luis Guillermo Guerrero salvó el voto, al considerar que lo viable era la declaratoria de inhibición (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).