La Corte Constitucional respaldó la legitimidad de la intervención estatal para regular el régimen especial de las empresas de servicios públicos (ESP), incluso en materia tributaria. Bajo esta perspectiva, la alta corporación respaldó la exención del pago del impuesto al patrimonio concedida a las ESP cuando se encuentren en proceso de liquidación. Así las cosas, en la sentencia C-895 del 2012, la corporación declaró exequibles los artículos 17 de la Ley 863 del 2003 y el artículo 6º de la Ley 370 del 2009, que se refieren a este beneficio. Para la Corte, el Capítulo V del Título XII de la Carta, referente al régimen económico y de hacienda pública, ordena que en “lo que se refiere a los servicios públicos no sólo exista una mayor intervención estatal para regular múltiples aspectos, aún en eventos en que sean los particulares quienes los presten, sino que también se haya establecido un régimen especial, incluso en materia tributaria, con el fin de asegurar el cumplimiento de su función social” (M. P. María Victoria Calle).